El Alcalde, empeñado en «inventar» lo «inventado». Se gestionarán recursos no amparado por leyes, resoluciones u ordenanzas y que no cuentan, por supuesto, ni con la Ley ni con el Estado.
En Santo Domingo Este, bajo la administración del alcalde Dío Astacio, ha surgido una figura denominada “Gobierno Civil”. Según el propio Ayuntamiento, se activó recientemente en Villa Duarte como parte de una jornada de intervención territorial. Se presenta como un mecanismo para “canalizar y dar respuesta inmediata a las demandas históricas de los residentes”, con unidades básicas de al menos 21 representantes, coordinadores por sectores delimitados por la Oficina Nacional de Estadística y participación de figuras de juntas de vecinos, salud, deporte, religión y otros sectores. La coordinación recae en funcionarios del cabildo.
Hasta donde se ha hecho público, no existe resolución del Concejo de Regidores, ordenanza municipal ni disposición normativa que formalice su creación, defina sus atribuciones, regule el manejo de recursos o establezca controles de transparencia y rendición de cuentas. Es una iniciativa impulsada desde el Ejecutivo municipal, sin el respaldo jurídico explícito que exige el régimen municipal dominicano para estructuras que pretenden incidir en la priorización de inversiones y la logística municipal.
Las instancias que sí tienen base legal
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios reconoce y promueve la participación ciudadana a través de las organizaciones comunitarias. Las Juntas de Vecinos son el canal tradicional y legalmente articulado entre la ciudadanía y el gobierno local. Cada ayuntamiento puede (y debe) reglamentar su registro y funcionamiento, y el propio Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha venido trabajando en la actualización de esos reglamentos, juramentando directivas y capacitando dirigentes. Esas organizaciones tienen personalidad jurídica cuando cumplen los requisitos de la legislación vigente (incluyendo la Ley 122-05 sobre asociaciones sin fines de lucro) y están habilitadas para participar en procesos como el Presupuesto Participativo Municipal.
Paralelamente, las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género son espacios interinstitucionales impulsados y acompañados por el Ministerio de Interior y Policía. En Santo Domingo Este se celebran de manera periódica con participación del alcalde, viceministros, Policía Nacional, regidores, juntas de vecinos y otras instituciones. Allí se canalizan denuncias, se coordinan acciones preventivas y se dan seguimiento a demandas comunitarias. Son mecanismos con respaldo del Gobierno central y con una lógica de corresponsabilidad institucional.
Ambas figuras —Juntas de Vecinos y Mesas de Seguridad— operan dentro del marco legal y de políticas públicas existentes. El “Gobierno Civil”, en cambio, aparece como una estructura paralela creada por decisión del alcalde, sin que se haya mostrado el acto administrativo que la sustente.
Recursos, logística y el margen de la ley
El problema de fondo no es solo la denominación. Cuando una estructura pretende “organizar demandas”, “establecer prioridades para las inversiones municipales” y articular logística y respuestas del cabildo, entra en el terreno del uso de recursos públicos. La Ley 176-07 y la normativa de presupuestación y control de los gobiernos locales exigen que las decisiones sobre asignación de fondos, obras y servicios pasen por los cauces institucionales: Concejo de Regidores, Presupuesto Participativo (cuando corresponda), procedimientos de contratación y mecanismos de transparencia.
Crear una instancia ad hoc que, según se anuncia, canaliza recursos y prioriza inversiones sin resolución que la respalde genera interrogantes legítimas:
- ¿Con qué base jurídica se destinan funcionarios, vehículos, materiales o fondos a esta estructura?
- ¿Quién responde por la transparencia y la igualdad de trato entre sectores?
- ¿No se debilita el rol de las Juntas de Vecinos, que sí tienen reconocimiento legal y años de trabajo comunitario, al crear un “Gobierno Civil” que las subsume o las desplaza?
- ¿Por qué no se fortalece y dota de recursos a las Mesas de Seguridad y a las juntas ya existentes, en lugar de inventar una figura nueva?
La pregunta que formula la ciudadanía es directa y necesaria: ¿por qué el alcalde se empeña en ejecutar y gastar recursos al margen de la ley?
Si la intención es acercar el despacho municipal al territorio —algo positivo en abstracto—, existen vías legales: fortalecer las juntas de vecinos, potenciar las mini-alcaldías o puntos de atención ya existentes, consolidar las Mesas de Seguridad con el Ministerio de Interior y Policía, y garantizar que el Presupuesto Participativo funcione con real participación y control ciudadano. Crear estructuras paralelas sin respaldo normativo abre la puerta a la discrecionalidad, a posibles clientelismos y a la erosión de las instituciones comunitarias que la ley sí reconoce.
La gestión municipal debe regirse por la legalidad, la transparencia y el respeto a las instancias de participación ya establecidas. Inventar un “Gobierno Civil” sin resolución que lo acompañe no es innovación: es operar en un vacío jurídico que la ciudadanía tiene derecho a cuestionar. Los recursos públicos no son de la administración de turno; son de los munícipes. Y su uso debe estar siempre dentro del marco de la ley.
